Hasta el año 2003, los institutos provinciales de vivienda dependían fundamentalmente de los recursos del FONAVI
para financiar conjuntos de viviendas de interés social en sus respectivos
territorios. El FONAVI asigna fondos a las provincias de manera automática, en
virtud de un porcentaje que le corresponde a cada una, y que quedó fijado en la
ley respectiva. Estos coeficientes, creados mediante una resolución en 1988 y
ratificados por la ley 24.462 en 1995, fueron elaborados tratando de reflejar
los déficits de vivienda en cada jurisdicción y debían actualizarse
periódicamente, cosa que nunca se ha hecho.
Más allá de la opinión que pueda
tenerse acerca de la justicia o la equidad con la que estos índices reparten el
total entre las provincias, este sistema cuenta con dos ventajas muy
importantes: En primer lugar otorga previsibilidad. Los institutos provinciales
de vivienda saben que pueden planificar sus propios presupuestos en función del
presupuesto nacional, teniendo en cuenta que les corresponde un porcentaje fijo
del FONAVI, que se nutre a su vez del 42% del impuesto a los combustibles. Por
otro lado, al ser transferencias automáticas, previstas en la ley, elimina toda
posibilidad de discrecionalidad por parte del gobierno nacional y fortalece de
esta manera el sistema federal, asegurando la autonomía de los estados
provinciales.
Sin embargo, a partir de 2003, y con
el loable propósito de reactivar los proyectos FONAVI paralizados, y como parte
de una estrategia tendiente a crear empleo en la industria de la construcción,
se crearon un conjunto de programas financiados por el tesoro nacional,
generalmente denominados en su conjunto, programas federales de vivienda. Si
bien tuvieron la virtud de derivar mayores recursos a la construcción de
viviendas en todo el país – en momentos en que el crecimiento macroeconómico lo
permitía - la ineficiencia en el gasto,
la falta de una adecuada política de urbanismo y ordenamiento territorial, y
las carencias de los institutos provinciales de vivienda para proveer terrenos
bien localizados derivó en que, por un lado, los programas federales no
tuvieran el impacto cualitativo esperado en la reducción del déficit
habitacional, y por otro, en verdaderos desastres urbanísticos que han
reforzado el crecimiento desordenado y caótico de las ciudades, han potenciado
la segregación social urbana, y no han logrado dar respuesta efectiva a la
demanda legítima de vivienda digna como un derecho para los sectores más
desposeídos de nuestra sociedad.
A esas cuestiones, los aspectos
cuantitativos y cualitativos de la política de vivienda, nos hemos referido
antes y volveremos a hacerlo en próximas columnas.
En esta nos referiremos a otra
cuestión, a la discrecionalidad del gobierno nacional en la distribución de los
recursos de los programas federales, y a la injusta discriminación a la que se
ven sometidas algunas provincias, centrándonos en la provincia de Entre Ríos.
Como resulta lógico, el mecanismo de
los programas federales tiene la contracara de las ventajas del sistema del
FONAVI; no es previsible, y condena a las provincias a la absoluta
discrecionalidad de la Casa Rosada, con la consiguiente pérdida de autonomía y
sometimiento político. Se trata, como otros instrumentos de las políticas
públicas, de una formidable herramienta de disciplinamiento político y castigo
de gobernadores “díscolos”. Siendo así, algún observador desprevenido podría
suponer que la Provincia de Entre Ríos, con un Gobernador que se esmera en ser
el más obsecuente e incondicional seguidor de los dictados de la Sra.
Presidente, tendría que ser una de las provincias más beneficiadas en el
reparto de esos recursos. Lamentamos desilusionar a ese hipotético lector. Nada
más alejado de la realidad. El “federalismo de los recursos” es una más de las
patrañas oficialistas.
Veamos. Entre 2003 y 2010 se
transfirieron a las provincias y la CABA un total de $13.266.100.674 por programas federales.
En el mismo período las transferencias automáticas del FONAVI ascendieron a
$7.951.236.884. Durante esos 8 años, el 62,52% del total de los recursos
transferidos correspondió a programas federales.
Entre Ríos recibió en el período
analizado $ 379.928.791 por programas federales, el 2,86% del total. Debe
tenerse en cuenta que este porcentaje es menor que el 3,90% que corresponde a
la alícuota de Entre Ríos en el reparto del FONAVI. Si dividimos ese monto de
dinero por los 1.235.994 habitantes que arrojó el Censo 2010 en nuestra
provincia, obtendremos una inversión en 8 años de $ 307,39 / habitante, por
debajo de la media nacional, $ 330,68 / habitante. Entre Ríos se encuentra en
el 7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por
habitante, sólo superada por San Luis, Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires, la
Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Corrientes. Obsérvese que, salvo San Luis
y Corrientes, se trata de los 4 distritos más poderosos y ricos del país, que
cuentan con economías diversificadas y cuantiosos recursos propios. No es el
caso, por supuesto, de Entre Ríos. En el otro extremo, el de las más
favorecidas en este ranking de recursos por habitante, se encuentran, en primer
lugar, como no podía ser de otra manera, Santa Cruz, con $ 2.306,86 / habitante, Tierra del Fuego, con $ 1.956,74 / hab. y
La Pampa, con $ 1.500,78 / hab. Vale decir que los santacruceños recibieron casi
7 veces más que los entrerrianos y 8 veces más que los correntinos.
Se podrá argumentar que el índice de recursos por habitante no es
el más adecuado para medir la equidad en estos casos, dado que un distrito
grande puede tener un déficit habitacional relativamente bajo, y a la inversa,
y que de lo que se trata es de revertir desequilibrios regionales y no
perpetuar las diferencias que hoy existen entre distritos ricos y pobres. Es
razonable. Tomemos entonces otro indicador, aquel que mide el monto de recursos
transferidos en relación a la cantidad de viviendas deficitarias. Consideramos
aquí vivienda deficitaria tanto aquella que es irrecuperable (y exige por lo
tanto la construcción de una nueva) como aquella que es recuperable (y demanda
por lo tanto mejoras y/o ampliaciones) como las que presentan hacinamiento
crítico. (FUENTE: Fundación Apertura en base a cálculo del Ieral sobre datos de la
EPH, y datos de población del Censo Nacional 2010). En este caso, para Entre Ríos nos da $ 3.118,49 / vivienda deficitaria. Entre Ríos se encuentra también en el
7º lugar en este ranking de las provincias que menos recursos recibieron por
vivienda deficitaria, sólo superada por las 6 ya nombradas. En el otro extremo,
las mismas 3, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, con $66.434,99/vivienda
deficitaria, $60.021,12/vivienda deficitaria y $47.601,02/vivienda deficitaria,
respectivamente. En este caso, por cada vivienda deficitaria en Santa Cruz se
transfirió 21 veces más que a Entre Ríos y a Corrientes.
Dado que las alícuotas del FONAVI tampoco reflejan con ecuanimidad
razonable en todos los casos la incidencia del déficit habitacional y la
capacidad económica propia de las provincias, puede complementarse este
análisis sumando a los recursos de los programas federales los transferidos de
manera automática del FONAVI, calculando los totales y vinculando estos montos
con la cantidad de viviendas deficitarias al 2010. De esta manera, si a los $ 379.928.791 que recibió Entre Ríos por
programas federales entre 2003 y 2010 le sumamos los $ 315.657.464 por
transferencias automáticas del FONAVI en dicho período, obtendremos un total de
$ 695.586.255. Si dividimos dicho monto por la cantidad total de viviendas
deficitarias nos dará $ 5.709,44/vivienda deficitaria. En este caso, Entre Ríos
se encuentra en el 5º lugar de las provincias que menos recursos recibieron por
vivienda deficitaria, solo superada por las 4 grandes: Provincia de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba y CABA. En este caso, en la sumatoria de programas
federales + FONAVI, Corrientes y San Luis recibieron más que Entre Ríos dado
que se encuentran relativamente beneficiadas con la alícuota del FONAVI: 4,95%
para Corrientes y 3,65% para San Luis, frente al 3.9% de Entre Ríos. Como el
lector se imaginará, también en este caso en el otro extremo de la tabla están,
pero en este orden, Tierra del Fuego, Santa Cruz, y La Pampa, con $ 110.620,47/vivienda deficitaria, $
93.093,63/vivienda deficitaria y $ 63.392,94/deficitaria. Vale decir que, en la
sumatoria de programas federales + FONAVI, se transfirieron a Santa Cruz 16
veces más que a Entre Ríos por vivienda deficitaria.
Se han utilizado datos oficiales de las auditorías del FONAVI
disponibles en la web www.vivienda.gov.ar y de la Fundación Apertura
http://www.fundacion-apertura.com.ar/documentos/trabajos_de_consultoria/archivos/informe%20habitat-o3.pdf .
El artículo 25 de la Constitución de Entre Ríos establece que “el
Estado promueve las condiciones para hacer efectivo el derecho de todos los
habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio
necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de
menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los
municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario
de los interesados”. Para hacerlo realidad, y no mera declamación, harán falta
recursos, voluntad política, y planes serios. Sin un genuino federalismo fiscal
será difícil encontrar recursos suficientes.
No avancemos tranquilos. Es hora de reaccionar, de involucrarse y
de comprometerse en pos de un futuro mejor.-
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