Por José Antonio Artusi
Está claro que el partido de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, reeditando sus peores antecedentes en materia de anti-republicanismo y vocación hegemónica, no descarta la absurda y descabellada posibilidad de intentar la reforma de los respectivos textos constitucionales para permitir la posibilidad de la re-reelección, y – si les fuera posible – la de la reelección indefinida.
La sabia Constitución Nacional de 1853-60 y la progresista Constitución Provincial entrerriana de 1933 imponían con razonabilidad la restricción a aspirar a un nuevo mandato para el titular del Poder Ejecutivo en funciones. Tal disposición no constituía una proscripción, como tantas veces se ha sostenido falazmente, sino que representaba la garantía, firmemente fundada en el principio republicano de la periodicidad de los mandatos, de que el circunstancial gobernante no pusiera los resortes de la administración al servicio de su propia permanencia en el poder. Fue este principio el que defendiera magníficamente Moisés Lebensohn en la Convención Constituyente de 1949, al expresar, en un discurso imperecedero: “el artículo 77 de la Constitución es la garantía suprema de las libertades populares y la última valla contra la arbitrariedad. Puede un gobernante avasallar todos los derechos. Su poder tiene límite cierto, plazo infranqueable en esa prohibición. Su remoción es el objeto de la reforma, y el radicalismo se opone a este in totum, en su conjunto, en defensa del orden democrático y de las libertades fundamentales, y en lealtad con la historia y el destino de nuestra patria.” En la misma línea, argumentaba Sergio Montiel en 1994: “al respecto cabe preguntar cómo se puede hacer para que en un país que tiene todavía estos vicios en su vida democrática, un gobierno se contenga y evite que un sistema de reelección ponga al servicio del candidato, el propio Presidente, todo el aparato del Estado para inclinar la elección a su favor”.
En las reformas constitucionales de 1994 y 2008, a nivel nacional y provincial respectivamente, se introdujo la posibilidad de la reelección, pero acotada solamente a un período.
Basta una rápida lectura al texto de nuestra Constitución Provincial sancionada en 2008 para darse cuenta que la mayoría de los nuevos derechos e institutos incorporados en ese momento son todavía una asignatura pendiente:
- Derecho al acceso a la información pública
- Adjudicación de publicidad oficial a través de pautas objetivas establecidas por ley.
- Seguro provincial de salud y medicamento como un bien social básico.
- Derecho a un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia (Art. 24).
- Derecho a la vivienda digna (Art. 25).
- Fondo partidario permanente (Art. 29).
- Designación por concurso de directores de hospitales y directores departamentales de escuelas.
- Ley de ética pública.
- Audiencia pública.
- Consejo Económico y Social.
- Banco de la Provincia.
- Organismo de aplicación de la política ambiental (Art. 84).
- Defensoría del Pueblo.
- Cartas orgánicas municipales.
- Régimen de comunas (juntas de gobierno); etc…
Como nos enseñara Alberdi, hoy más que nunca, “conservar la Constitución es el secreto de tener Constitución”. En nuestro caso además de conservarla, debiéramos empezar por cumplirla.-
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domingo, 30 de septiembre de 2012
jueves, 27 de septiembre de 2012
La UCR de Entre Ríos adhiere a la campaña por el boleto educativo universal y gratuito
El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos expresa su adhesión al Plan de Lucha Nacional por el BOLETO EDUCATIVO UNIVERSAL y GRATUITO de la Federación Universitaria Argentina.
La meta de esta iniciativa es erradicar las condiciones de desigualdad, que condenan a miles de familias a no poder enviar a sus hijos a la Escuela, a miles de jóvenes a abandonar la secundaria para buscar trabajo o a muchos universitarios a dejar las aulas a causa de sus necesidades económicas. A la fecha existen numerosos Proyectos sobre Boleto Educativo en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pero las necesidades de los estudiantes siguen sin ser cubiertas, y miles de niños y jóvenes se ven excluídos directamente del sistema educativo, u obligados a abandonarlo. Cabe señalar que el diputado radical Miguel Bazze presentó un proyecto de ley para que se declare la “gratuidad del transporte terrestre de pasajeros para todo el ámbito de la educación pública”, que incluye a “todos los alumnos, maestros, docentes, profesores, personal auxiliar y administrativo de los establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario de todas las escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada con subsidio estatal; los de las universidades públicas estatales y de los institutos terciarios y de formación técnica y profesional o de educación superior”. Adherimos a la convocatoria de la FUA a los estudiantes secundarios y terciarios, a los docentes y trabajadores de la educación, y a las organizaciones en general a sumarse al reclamo, para que el Congreso de la Nación y el Estado asuman sus responsabilidades y garanticen a todos y todas los estudiantes de la Argentina el Derecho a la Educación. Leer más...
La meta de esta iniciativa es erradicar las condiciones de desigualdad, que condenan a miles de familias a no poder enviar a sus hijos a la Escuela, a miles de jóvenes a abandonar la secundaria para buscar trabajo o a muchos universitarios a dejar las aulas a causa de sus necesidades económicas. A la fecha existen numerosos Proyectos sobre Boleto Educativo en el Congreso de la Nación, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pero las necesidades de los estudiantes siguen sin ser cubiertas, y miles de niños y jóvenes se ven excluídos directamente del sistema educativo, u obligados a abandonarlo. Cabe señalar que el diputado radical Miguel Bazze presentó un proyecto de ley para que se declare la “gratuidad del transporte terrestre de pasajeros para todo el ámbito de la educación pública”, que incluye a “todos los alumnos, maestros, docentes, profesores, personal auxiliar y administrativo de los establecimientos de los niveles inicial, primario y secundario de todas las escuelas públicas de gestión estatal y de gestión privada con subsidio estatal; los de las universidades públicas estatales y de los institutos terciarios y de formación técnica y profesional o de educación superior”. Adherimos a la convocatoria de la FUA a los estudiantes secundarios y terciarios, a los docentes y trabajadores de la educación, y a las organizaciones en general a sumarse al reclamo, para que el Congreso de la Nación y el Estado asuman sus responsabilidades y garanticen a todos y todas los estudiantes de la Argentina el Derecho a la Educación. Leer más...
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