Alertamos a la sociedad que , de no mediar una perseverante movilización social, a estos intentos le sucederán otros, lo que constituiría un retroceso inadmisible.
El radicalismo manifestó a través de sus legisladores el año pasado una rotunda oposición a la sanción de una ley de turismo que sólo pretendía introducir una cláusula que permitiera de manera discrecional al gobierno otorgar la habilitación a salas de juego en manos de empresas privadas. Ello constituye un sinsentido y un peligroso antecedente, sobre el que tenemos la obligación de alertar a la opinión pública.
Rechazamos los falaces argumentos que han sido esgrimidos por los funcionarios del Poder Ejecutivo intentando vanamente defender estas absurdas medidas. El juego no da pérdidas en ninguna parte del mundo, por el contrario constituye un fabuloso negocio, y su explotación debe estar en manos del Estado, para garantizar que la renta generada se destine a financiar la promoción social. Si existen casinos que dan pérdida es en todo caso un reconocimiento más de la ineficiencia de esta administración.
Advertimos enfáticamente que el radicalismo en el gobierno analizará rigurosamente la legalidad y lesividad de estos procesos y procurará por todos los medios impulsar las medidas administrativas y judiciales que los reviertan.
Nos solidarizamos con los legítimos reclamos de los trabajadores del IAFAS y exhortamos al Sr. Gobernador a escuchar las voces que se han alzado en contra de estos desatinos, entre ellas la de la Iglesia Católica, que ha alertado de manera coherente acerca de los males que se enquistan en la sociedad a partir de la privatización del juego.
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