Copias del informe fueron entregadas a cada uno de los congresales acreditados, se harán llegar a los comités departamentales y será publicado en la página web del partido.
El Presidente del Comité, José Antonio Artusi, hizo uso de la palabra para referirse a lo actuado, destacando la necesidad de "consolidar un radicalismo unido, movilizado, convocante y preparado para gobernar", a la vez que comprometió a todos los militanes y dirigentes del radicalismo entrerriano a "redoblar esfuerzos en pos de lograr la construcción de un frente progresista que sirva no sólo para ganar una elección, sino para gobernar, en busca de la democracia social". Artusi destacó que tal compromiso será el mejor homenaje a la memoria de Raúl Alfonsín, recordando un nuevo aniversario de su nacimiento.
A modo de conclusión del informe las autoridades del Comité Provincial de la UCR incluyeron el siguiente documento:
"Han pasado 4 meses desde el acto de asunción de las nuevas autoridades del Comité Provincial. Hemos puesto en marcha un cúmulo de acciones que reivindicamos firmemente, pero somos concientes que de nada servirán si no garantizamos su continuidad y si no las complementamos con lo mucho que queda por hacer y con la rectificación de los errores que hayamos cometido.
Convocamos, con respeto y amplitud, a todos los radicales sin excepciones. Los desafíos por venir son significativos, y necesitamos del aporte militante y del compromiso del pueblo radical en su conjunto.
Este año la Unión Cívica Radical cumplirá 120 años de vida en la escena política nacional y provincial. 120 años de compromiso con la democracia republicana y las causas populares. Viejos y renovados intentos por destruir a la Unión Cívica Radical han fracasado en toda la línea. El radicalismo entrerriano, conciente de su misión histórica y dispuesto a afrontar los retos del porvenir, está de pie y más vivo que nunca, con la fuerza y el ímpetu renovados que nos dan los jóvenes que volvemos a ver acercarse a nuestros locales partidarios para encontrar en la UCR el cauce a sus ganas de participar y de reivindicar la política como una actividad noble al servicio del bien común.
Se trata de un año electoral, y es nuestra obligación poner todo nuestro esfuerzo en pos de un gran triunfo radical. No por una concepción que visualiza al poder como un objetivo en sí mismo, sino como una herramienta al servicio de las grandes transformaciones sociales por las que estamos obligados a luchar, en el sentido de una sociedad más justa, libre e igualitaria.
Enfrentamos un adversario muy poderoso, un partido de gobierno que en el orden nacional y provincial no vacila en utilizar todos los recursos del Estado puestos al servicio de una escandalosa campaña de proselitismo. Vemos a diario como la crisis del federalismo fiscal, potenciada por la vocación hegemónica del oficialismo, determina la dependencia política de provincias y municipios de la mano de la dependencia económica. Enfrentamos también una perversa campaña de propaganda, de tinte fascistoide, que tiende a presentar – sobre todo a los ojos de los jóvenes – a quienes hoy gobiernan disfrazados tras una máscara construida sobre la base del cinismo y la hipocresía política. Así, quienes facilitaron y militaron la entrega del patrimonio nacional durante el apogeo del menemismo, se exhiben hoy en una inédita y descarada transmutación como los paladines de la defensa de lo nacional y popular. Quienes convalidaron la autoamnistía de la dictadura militar y los indultos de Menem, y aún quienes no pueden exhibir una sola acción en defensa de presos políticos en los años del terror, pasan hoy a ser por arte de magia de la propaganda oficial, los únicos abanderados de los derechos humanos. Pero el bombardeo mediático a través de los medios estatales y la dominación que se impone a los medios privados a través de la pauta oficial configuran un panorama desafiante, una verdadera batalla cultural en la que estamos obligados a decir nuestras verdades e interpelar la memoria histórica. Enfrentamos también en el debate político a quienes hasta hace muy poco, las elecciones legislativas del 2009, eran compañeros de ruta del kirchnerismo y del urribarrismo, y hoy pretenden posicionarse ante la sociedad entrerriana como si fueran una oposición coherente y una alternativa válida. Es menester desnudar ante la opinión pública tamaña incoherencia, propia de quienes se enfrentan sólo por el manejo del poder, pero coinciden en lo fundamental. Ambas expresiones del justicialismo han fracasado rotundamente. Carecen de una visión estratégica que dé respuestas a los desafíos del desarrollo sostenible para todos los entrerrianos. Comparten una visión estrecha y perimida, caracterizada por la mera administración y carente de las grandes transformaciones que la sociedad entrerriana reclama. Tras 8 años de crecimiento macroenómico a tasas inéditas en nuestra historia, producto de circunstancias de los mercados internacionales y no de las políticas públicas, es imposible dejar de reconocer que la administración pública no se ha modernizado, la salud y la educación pública no han mejorado, las políticas ambientales brillan por su ausencia, la inseguridad, el delito, el narcotráfico y el flagelo de la droga no encuentran respuestas efectivas en el Estado, la exclusión social sólo tiene como respuesta el clientelismo y la dádiva propia de los regímenes conservadores y populistas, no se ha hecho nada en materia de reforma tributaria y, en líneas generales, se está dilapidando una coyuntura internacional, que no durará para siempre, para pasar del crecimiento al desarrollo.
Una provincia que fue la cuna del federalismo argentino no puede resignarse a aceptar con resignación la absurda falacia del supuesto “federalismo de los recursos”, que esgrime el Sr. Gobernador, y que consiste simplemente en que vuelvan de manera discrecional a nuestra provincia sólo una parte de los recursos que nos corresponden y de los que se apropia la Nación de manera discrecional y abusiva.
En este contexto, iniciativas perversas como la privatización del juego muestran el verdadero rostro conservador y reaccionario de esta administración, y contribuyen, junto a otros factores tales como la falta de iniciativas para evitar los sobreprecios en la contratación de obras públicas, a profundizar las sospechas que la sociedad tiene respecto de la incidencia de la corrupción en administración de los negocios del Estado.
Es imperioso construir una alternativa política que constituya una opción de gobierno para la mayoría de los entrerrianos que están reclamando un cambio. El Acuerdo Cívico y Social en las elecciones legislativas nacionales del 2009 constituyó un valioso antecedente en tal sentido. Se torna necesario ampliar y consolidar, sobre bases firmes y sólidas, esa construcción frentista.
El radicalismo enfrenta el desafío de configurar una alternativa de cambio y una opción progresista que ofrezca una instancia superadora del populismo conservador que nos gobierna, que, más allá de los ropajes que utiliza para ocultar su verdadero rostro, se caracteriza por bastardear la democracia representativa, subestimar el rol de los partidos políticos y pretender reducir a los ciudadanos al papel de consumidores y espectadores pasivos que delegan en otros la solución de los problemas comunes.
Si actuamos con generosidad y con grandeza, si nuestras acciones están a la altura de las circunstancias, el triunfo electoral coronará nuestros esfuerzos. Pero no se trata de ganar una elección como si se tratara de una competencia deportiva, el reto consiste en acceder al gobierno del Estado para impulsar profundas transformaciones, respetando con intransigencia y con conducta nuestros principios y nuestra doctrina.
Ese es el desafío, construir un frente progresista no sólo para ganar una elección, sino para gobernar, para hacerlo con eficiencia, eficacia, transparencia y ejemplaridad. Para sentar las bases de una sociedad con inclusión y oportunidades para todos. Para que el federalismo y las autonomías municipales dejen de ser letra muerta. Para iniciar una profunda reforma del Estado, jerarquizando el empleo público y modernizando la administración. Para profundizar la democracia política a través de la participación y la construcción de ciudadanía. Para que Entre Ríos vuelva a ser sinónimo de educación pública de calidad para todos. Para que garantías constitucionales como el acceso a la salud, la vivienda, el trabajo y la alimentación dejen de ser privilegio para algunos y comiencen a ser un derecho para todos. Para que los jóvenes entrerrianos dejen de tener que emigrar en busca de nuevos horizontes. Para que sentemos definitivamente las bases de una provincia con industrias, trabajo y calidad de vida. Para que comencemos a hacer realidad la democracia social. A esos logros trascendentes comprometemos nuestros mejores esfuerzos, para que nuevos vientos soplen con fuerza viejas banderas, las de siempre, las de la libertad y la igualdad."
El texto completo del informe puede consultarse en http://www.comiteucrer.blogspot.com/ .-
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