ANTE NUEVOS ANUNCIOS Y PROMESAS EN MATERIA DE VIVIENDA POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL

Declaración del Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, José Antonio Artusi.-
El gobierno nacional ha anunciado recientemente un nuevo plan de viviendas, acontecimiento frente al que se hace necesario plantear algunas reflexiones y recordar propuestas.
En primer lugar, cabe recordar que el acceso a una vivienda adecuada es un derecho humano que actúa sinérgicamente con otros derechos (salud, educación, etc.) en pos de brindar a todos los ciudadanos condiciones para una vida digna. El artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incorporado por el radicalismo en la reforma de 1957, concibe al derecho a la vivienda digna como parte de los derechos de los trabajadores. En la Constitución Provincial de Entre Ríos reformada en 2008 se avanza aún más, al establecer expresamente en el Artículo 25 que “el Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados.” El radicalismo contribuyó a la sanción de este artículo a través de la presentación por parte de su bloque de convencionales constituyentes de un proyecto de reforma en el que tuve el honor de colaborar, que era más ambicioso y que hubiera significado un avance extraordinario en materia de constitucionalismo social y de reconocimiento efectivo de derechos. Tal proyecto rezaba en su parte resolutiva: “Quedan garantizados en la Provincia para todos sus habitantes los derechos a una vivienda digna y a un hábitat adecuado para el desarrollo humano. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivos estos derechos, planificando y regulando la utilización del suelo y promoviendo el ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación y con miras al uso racional y equitativo del territorio y los recursos naturales. La comunidad participará en las plusvalías que genere la inversión de los entes estatales en obras de infraestructura de servicios públicos y equipamiento comunitario.” De todos modos, el avance verificado en la sanción del Artículo 25 no es poca cosa, y en todo caso lo que corresponde ahora es reglamentarlo a través de una ley y poner en marcha políticas públicas que lo hagan realidad para todos los entrerrianos. Como cualquier observador atento que recorra nuestras ciudades podrá constatar, lamentablemente el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna es por ahora una utopía en nuestra provincia, y son obviamente los sectores más vulnerables y desposeídos de nuestra sociedad los que más sufren su carencia, viviendo en entornos insalubres e incompatibles con cualquier perspectiva de desarrollo humano. Lamentablemente, la legislatura entrerriana se ha demorado en exceso en sancionar una ley que reglamente este derecho y que permita avanzar en políticas públicas que logren que progresivamente el texto constitucional deje de ser solamente una expresión de deseos. El autor de estas líneas lo es también de dos proyectos de ley que podrían alimentar un debate en este sentido; obran en el expediente 18.823 (ley de vivienda) y el expediente 18.607 (ley de ordenamiento territorial y uso del suelo). Sosteníamos en los fundamentos del proyecto de ley de vivienda: “Como lúcidamente señala el urbanista catalán Jordi Borja, “la vivienda urbana es una necesidad humana básica pero también un mecanismo perverso de fabricar marginalidad, además de ser hoy uno de las principales formas de enriquecimiento especulativo”. (“Del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad”). Y ello porque “reivindicar el derecho a la vivienda aisladamente puede contribuir a que se promuevan proyectos públicos o privados con planteamientos “sociales” que produzcan operaciones de baja calidad en suelos marginales, que sirvan para valorizar los suelos intermedios y que generen guetos de pobreza en lugar de ciudad.” Borja sostiene que “la ciudad como espacio colectivo es una condición necesaria para que el habitante de un territorio sea ciudadano. La vivienda sola no proporciona status de ciudadanía, el que hace que las personas sean libres e iguales, o que lleguen a serlo y se les reconozca como tales. Pero la vivienda es indispensable para que haya ciudadanos y ciudad.” En definitiva, podríamos argumentar que la vivienda es una condición necesaria pero no suficiente para la ciudad, y que ésta es una condición necesaria pero no suficiente para la plena ciudadanía. Por lo tanto, podemos afirmar que el derecho a la vivienda interactúa de manera dialéctica con otros derechos humanos y sociales, y su pleno ejercicio es un poderoso factor de promoción de la democracia republicana y la equidad social.” “Un dato central es que las políticas públicas dejan de lado y condenan a la marginalidad a buena parte de la población más vulnerable; desocupados, trabajadores no inscriptos, etc; y cubren sólo una parte, claramente insuficiente, de la demanda de la clase media y media baja. Por otro lado, si bien en general la propia normativa exige condiciones ambientales y urbanísticas mínimas para la aprobación de los conjuntos, frecuentemente la aplicación concreta de las normas resulta ineficaz para garantizar dichas condiciones. La problemática de la vivienda social se asume, desde el Estado y desde la propia sociedad civil, ante la magnitud del déficit y lo angustiante que significa para cualquier persona carecer de un techo propio, simplemente como un proceso cuantitativo de construcción y asignación de viviendas, sin importar demasiado cómo y dónde. Si a ello le agregamos la excesiva injerencia que asume el interés de las empresas constructoras en definir la localización de los conjuntos, buscando maximizar su rentabilidad y buscando por ello terrenos lo más baratos posibles, y teniendo en cuenta la falta de bancos de tierra municipales y provinciales, obtendremos una conclusión obvia; conjuntos de vivienda mal localizados, en terrenos prácticamente rurales, a veces en malas condiciones ambientales (cercanía a basurales a cielo abierto, etc), alejados de toda centralidad urbana y de equipamientos comunitarios, insuficientemente dotados de infraestructura de servicios, a cuyo encarecimiento por otro lado contribuyen de manera decisiva al obligar a la extensión irracional de las redes, con densidades excesivamente bajas absolutamente carentes de racionalidad. La dispersión urbana, la segregación residencial en verdaderos ghettos y la destrucción de la ciudad compacta que heredamos del urbanismo colonial de las Leyes de Indias tiene de esta manera, aunque duela reconocerlo, en el Estado, a uno de sus principales responsables.” Por lo tanto, si no se vinculan los programas de construcción de viviendas con mecanismos de acceso al suelo bien localizado, de acuerdo a principios de planificación que garanticen la adecuada prestación de servicios, la dotación de equipamiento comunitario y la cercanía a los centros urbanos, la respuesta al problema puede consistir en algo así como echar leña al fuego, contribuyendo a agravar los problemas de la dispersión urbana y el crecimiento anárquico de nuestras ciudades. En este sentido, puede considerarse auspicioso que se considere destinar a nuevos usos residenciales inmuebles fiscales ociosos bien localizados, pero nos preocupa que en el listado anexo al decreto del PEN sólo figure, en la provincia de Entre Ríos, un inmueble en la ciudad de Paraná. Debiera prestarse atención a la enorme cantidad de terrenos vacantes del Estado nacional que no cumplen ninguna función y en algunos casos obstaculizan el desarrollo urbano. Sólo por dar algunos ejemplos, podemos mencionar los inmuebles del ONABE en cercanías del antiguo Hospital y los terrenos del Ejército a continuación del Boulevard Montoneras, en Concepción del Uruguay. Por otra parte, el programa anunciado está destinado a sectores medios, siguiendo estando ausentes las capas más empobrecidas de nuestra sociedad en el diseño de las políticas de vivienda. Alternativas como la autoproducción y autoconstrucción, la provisión de lotes con servicio, la promoción de cooperativas de vivienda y otros mecanismos de gestión siguen brillando por su ausencia en las políticas públicas nacionales y provinciales, al menos de manera significativa para afrontar el enorme déficit que se verifica en la realidad. De otra manera, los asentamientos y las ocupaciones continuarán siendo una triste realidad. Como acertadamente señala el Presidente del Convención Nacional de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen, “el aspecto inaceptable es su fuente de financiamiento con fondos de la ANSES, despojando una vez más a los jubilados, a quienes no se les paga lo que les corresponde dejando de lado, incluso, el cumplimiento de las sentencias correspondientes de la Corte Suprema de Justicia. Con ello se atenta contra el respeto a las instituciones y el equilibrio de poderes que garantiza la República. Los plazos a 20 y 30 años con tasas de interés entre el 2 y el 14 por ciento, muy por debajo de la inflación, ponen en riesgo las jubilaciones futuras. El límite de 65 años de quienes pueden recurrir a los créditos deja afuera a los jubilados, los dueños del dinero”. A su vez, este gobierno carece de antecedentes como para resultar creíble a la hora de nuevas promesas. Citamos nuevamente a Solari Yrigoyen: “Este es un anuncio más para distraer y generar expectativas. El primero fue el Plan Federal de Viviendas 2004-2005 para la construcción de 420.000 unidades, proyecto que no se cumplió. Hubo posteriores anuncios con similares resultados. De acuerdo con datos oficiales en el período de ocho años, del 2003 a enero de 2011, en que el gobierno contó con la bonanza externa, se habrían construido 310.808 viviendas con un promedio anual de 38.851 unidades. En la presidencia de Alfonsín se construyeron 328.486. Si se toman las realizadas hasta 1988 a través del Fondo Nacional de la Vivienda, de proyectos especiales y del Banco Hipotecario Nacional, el promedio anual es de 58.366 viviendas lo que, en relación con la población del país, nos da una vivienda cada 510 habitantes contra una vivienda cada 1020 habitantes durante los gobiernos del matrimonio Kirchner. A fines de 1980 el déficit absoluto de viviendas ascendía a 1.500.000 unidades. Hoy, veinte años después, la cifra asciende a 2.500.000 viviendas. Se produjo un incremento de un 67 % ante una cada vez menor respuesta al problema.”