SIN RUMBO EN POLÍTICA AGROPECUARIA

Por José Antonio Artusi
El sector agropecuario argentino ha sido históricamente la principal fuente de obtención de recursos que han permitido poner en marcha diversos modelos de acumulación. Desde hace algunos años nos hemos visto beneficiados por condiciones favorables del contexto internacional que han determinado alzas sustantivas de los precios de nuestra producción exportable y que han permitido un aumento inusitado de los ingresos fiscales luego de la crisis del 2002. Esta oportunidad, sin embargo, ha sido dilapidada.
No hemos aprovechado como país esta extraordinaria coyuntura, caracterizada por casi una década de crecimiento a tasas elevadas del PBI, para acometer desafíos que en otro momento hubieran sido impensables. No se diversificado en profundidad la estructura productiva, no se ha industrializado el interior, no se ha reformado el Estado de acuerdo a las exigencias de una Nación moderna, no se ha distribuido de manera equitativa el ingreso, y no se han eliminado bolsones críticos de pobreza extrema y marginalidad. Con muchos más ingresos, no puede decirse hoy que la salud pública, la educación, el déficit habitacional, la Justicia o la seguridad estén mejor que en el 2000. Yendo a las políticas específicas del sector agropecuario, ha predominado una visión fiscalista de corto plazo, que lo sitúa en el lugar de proveedor de ingresos fáciles de obtener rápidamente (retenciones a las exportaciones, etc.), como fuente de financiación de políticas públicas que han adoptado un fuerte sesgo centralizador, en detrimento del federalismo fiscal y las autonomías provinciales y municipales. Estas contradicciones quedaron evidenciadas en la “crisis del campo” del 2008, y a partir de ese momento el gobierno y su aparato de propaganda puso en marcha un operativo dialéctico – un “relato” – tendiente a caracterizar a los productores agropecuarios y a su dirigencia gremial como los “malos de la película”, los representantes de una supuesta oligarquía terrateniente empeñada en boicotear los esfuerzos de un gobierno progresista, nacional y popular, que había puesto en marcha un modelo de crecimiento y distribución con inclusión social. Lo que el relato no decía – aunque fue relativamente exitoso, como han sido exitosos otros intentos goebbelianos de distorsionar la realidad – es que esa oligarquía a la que el oficialismo dice enfrentar es en muchos casos su mejor aliado. A la oligarquía reaccionaria de hoy en día no hay que buscarla en el campo. Está en los sectores concentrados de algunas ramas de la agroindustria, en las empresas exportadoras de granos, en el sistema financiero, en el juego, en la minería, en las empresas que se beneficiaron del desgüace del Estado, en el sector petrolero. En todos estos sectores podrán encontrarse personajes que han actuado como fieles compañeros de ruta del kirchnerismo, y que se han visto beneficiados por sus políticas. Sin una verdadera política agropecuaria que incentive la producción y la incorporación de tecnología, planteando falsas antinomias entre la genuina rentabilidad de los productores y los precios de los alimentos en la mesa de los argentinos, poniendo absurdas trabas y restricciones de todo tipo, se ha castigado al sector y se ha generado una profunda incertidumbre en los productores. El doble discurso está a la orden del día. Se plantea, por ejemplo, a través de algunas iniciativas la necesidad de promover la rotación de cultivos para asegurar la sostenibilidad de la producción agrícola, algo que los propios productores conocen perfectamente. Sin embargo, las intervenciones inadecuadas en mercados como el de trigo y maíz logran el efecto absolutamente inverso, potenciando de esta manera la “sojización”, ante la menor rentabilidad de otros cultivos. Por otra parte, estas intervenciones no han sido neutras desde el punto de vista de la distribución de la renta: han ocasionado una transferencia exhorbitante de recursos desde los productores hacia los exportadores y algunos industriales, y no han logrado en absoluto frenar el alza de precios de los alimentos en el mercado interno, a pesar de los intentos del INDEC por dibujar una realidad que sólo existe en sus desacreditadas estadísticas. Como acertadamente ha expresado el Diputado Nacional Jorge Chemes, “el Gobierno le regaló 3000 millones de dólares a cinco multinacionales exportadoras, y ahora resulta que quiere pasar por progresista preocupándose por la rotación". El campo puede y debe constituirse en un elemento clave de crecimiento, generación de empleo genuino y redistribución de la riqueza en serio. Pero para ello hace falta un cambio rotundo en las políticas públicas, e insertar la política agropecuaria en un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible que hoy brilla por su ausencia, aunque se intente disimularlo con relatos, propaganda, demagogia y clientelismo.-

José Antonio Artusi es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos y fue Diputado Provincial entre 2007 y 2011.-

Fuente: Revista Campo, El Cronista.