Se impone una profunda reforma política en Entre Ríos

Por José Antonio Artusi
Boleta única, elecciones primarias, regulación de la publicidad oficial y financiamiento de los partidos políticos son aspectos centrales a discutir.-

Pasadas las elecciones, a poco de iniciar un nuevo período de gobierno, y a 28 años de la recuperación de la institucionalidad constitucional en nuestro país, es imperioso generar las condiciones para un debate sereno y reflexivo, que aporte elementos de juicio para abonar una profunda reforma del sistema electoral y del régimen de partidos, que jerarquice la política y resignifique la democracia representativa y republicana.
Un grave divorcio entre la sociedad y los partidos, un sistema de partidos en crisis, un descrédito generalizado del mundo de la política y sus actores, y cierta resignación a aceptar administraciones ineficientes y mediocres a cambio de logros mínimos o favores personales, entre otros factores, ameritan que así lo hagamos.
Propongo aquí algunas ideas como un modesto aporte a esa discusión. Algunas de esta ideas están presentes en diversos proyectos de ley que hemos presentado desde el bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos.

Boleta única.
El sistema vigente, en el que cada partido debe mandar a imprimir como puede enormes cantidades de boletas - en ocasión de elecciones conjuntas con las nacionales pueden llegar a ser de 8 cuerpos - es absurdo y anacrónico. Genera dificultades y problemas de todo tipo, y permite irregularidades tales como el robo de boletas, el "voto cadena", la distribución de boletas truchas, etc.. En provincias hermanas como Santa Fe y Córdoba se ha implementado con éxito el sistema de boleta única, siguiendo reiteradas recomendaciones de expertos y aún de la Cámara Nacional Electoral. El sistema de boleta única refuerza la autonomía del elector, elimina el problema de las listas "colectoras", es más transparente y ecuánime, otorga igualdad de condiciones a todos los partidos políticos, y evita la posibilidad de las formas de fraude mencionadas. Por añadidura, reduce costos y disminuye la cantidad de papel utilizado en cada elección.
Sistema de elecciones primarias para selección de candidatos.
La denominada Ley Castrillón, inconstitucional y absurda, debe ser derogada y sustituida por una normativa que establezca claramente los mecanismos a utilizar para la selección y postulación de candidatos por parte de los partidos o las alianzas que estos constituyan. Una posibilidad a evaluar podría ser la implementación de un sistema de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, similar al nacional o al santafesino, en el que todos los partidos o alianzas, así presenten más de una lista o lista única, deban concurrir al comicio. De esta forma se evita la posibilidad de que sectores de un partido incidan negativamente en la elección de otro para perjudicarlo. El mandato constitucional de la adecuada y proporcional representación de la minorías debe ser especialmente respetado.
Regulación de la publicidad oficial.
La distribución de la pauta publicitaria de los organismos del Estado se utiliza actualmente de manera grosera y desembozada como una herramienta de control para disciplinar a los medios privados. Debe avanzarse hacia una normativa que estblezca pautas claras en este sentido, para garantizar la independencia y la verdadera libertad de expresión de los medios de comunicación y de los periodistas. Adicionalmente, debería modificarse el modelo de gestión de los medios estatales, para que sean medios públicos con control ciudadano, pero no instrumentos al servicio del partido de gobierno.
Regulación de la propaganda proselitista
Vinculado con lo anterior, constituiría un gran avance - similar al registrado a nivel nacional - que se prohíba lisa y llanamente la contratación de spots publicitarios en radio y televisión por parte de los partidos en las campañas electorales, estando tales espacios sujetos a una distribución igualitaria determinada por sorteo, y financiados con recursos públicos.
Financiamiento de los partidos políticos.
Debe avanzarse en la reglamentación del Artículo 29 de la Constitución Provincial, que ordena que la Provincia contribuya a sostener a los partidos políticos, en tanto instituciones fundamentales del sistema democrático, mediante un fondo partidario permanente. La exigencia de destinar una parte de los aportes públicos a actividades de capacitación e investigación, la limitación de los gastos de campaña y de su duración, y la primacía de la financiación estatal, en conjunto con los puntos anteriores, contribuirán a fortalecer a los partidos y a impedir que sean cooptados por sectores con intereses espúreos a través de aportes económicos.

La profundización de la democracia política exige también a nuestro entender lo que denominamos "democracia social", para que todos los ciudadanos gocen de derechos económicos y sociales que fortalezcan su autonomía y su libertad a la hora de votar y participar. Mientras procuramos avanzar en ese arduo camino, que requerirá tiempo y esfuerzos, no hay excusas para no encarar el debate por una reforma electoral genuina, para la que sólo se necesita voluntad política. Quiera la sociedad entrerriana reclamar a sus legisladores a partir del 10 de Diciembre que se aboquen responsablemente a esta tarea.-