LAS RAZONES DEL RADICALISMO ENTRERRIANO PARA IMPULSAR EL JUICIO POLÍTICO A INTEGRANTES DE LA JUNTA ELECTORAL NACIONAL

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos resolvió efectuar una presentación para iniciar el procedimiento de juicio político a la Dra. Leonor Pañeda, y denunciar ante el Consejo de la Magistratura a la Dra. Cynthia Gómez, integrantes de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, a los efectos de requerir que se investigue la presunta comisión del delito de prevaricato, esto es dictar una resolución contraria a la ley.

La decisión adoptada obedece a la necesidad de denunciar el accionar que consistió, fundamentalmente, en determinar que la Junta Electoral Nacional que integran, con la disidencia del Dr. Gustavo Zonis, desconociera y tornara de imposible cumplimiento la resolución de la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad electoral del país, por la que se habilitaba la oficialización de las boletas del Frente Progresista Cívico y Social. De esta manera, la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos violentó disposiciones expresas de la legislación electoral vigente y configuró un cuadro de notable confusión y desconcierto en la ciudadanía a pocas horas del comicio.La Cámara Nacional Electoral, dos días después de las elecciones, consumada la irregularidad que denunciamos, nos dió la razón y llamó severamente la atención de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, puntualizando, entre otras graves consideraciones, que "se apartó sin fundamento de la jurisprudencia claramente aplicable" y que "lo sentenciado por la Cámara... se tornó de imposible cumplimiento por la negativa de la Junta Electoral..., sin dar razones para apartarse de la jurisprudencia reseñada".
Como resultado del accionar de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, se votó el pasado 23 de Octubre en un escenario manifiestamente irregular, lo que adquiere una enorme gravedad institucional.
La decisión de impulsar el juicio político no pretende en absoluto constituir la explicación central del resultado electoral, del que nos hacemos cargo, ni afectar la legitimidad de los gobernantes electos. Sin embargo, es nuestra obligación política y moral denunciar la conducta de las magistradas cuestionadas; no hacerlo constituiría una falta grave de nuestra parte, y nos haría de alguna manera cómplices de una intolerable irregularidad.
Nuestra historia de 120 años de compromiso con la democracia republicana nos obliga indefectiblemente a adoptar esta resolución, en defensa de la independencia del Poder Judicial y la limpieza del proceso electoral como expresión transparente de la voluntad popular.
La Unión Cívica Radical, como partido político respetuoso de las leyes y defensor a ultranza de las instituciones republicanas, procurará por todos los medios a su alcance que se haga justicia y que irregularidades como las que se dieron en este proceso electoral no se repitan nunca más.
Por otra parte, no podemos concebir que en una grave situación institucional como la que se encuentra el Poder Judicial de la Provincia a causa de su Presidente, que debe ser investigada si le comprenden las inhabilidades horrendas del art. 6 de la Constitución Provincial, esto es, si habría sido partícipe con dictámenes del gobierno de facto y denunciada por no cumplir la ley, se concreten los rumores de que el Gobernador Urribarri incidiría en su designación una vez mas como Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como compensación de los favores prestados.
Reclamamos al Poder Ejecutivo no inmiscuirse en el Poder Judicial y a éste que no envie a la sociedad, un mensaje de indulgencia desapropiada en un momento en que la justicia necesita ser creíble con un Poder Judicial legitimado.