No es verdad, como han sostenido recientemente legisladores oficialistas, que se remitan fondos a Entre Ríos en estricto cumplimiento de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Es imperioso recordar que el ARTICULO 7º de la LEY Nº 23548 establece que “el monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34%) de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de la Administración Central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta Ley.” Enfatizamos lo de “tengan o no el carácter de distribuibles” – o, como se dice habitualmente, coparticipables -, dado que en los últimos años la matriz impositiva de nuestro país ha cambiado como consecuencia del aumento de la participación en el total de la recaudación de las retenciones a las exportaciones y la incorporación de otros tributos como el impuesto al cheque, que no son coparticipables, al menos no en su totalidad. Ello ha llevado a que en los últimos años este artículo 7º de la ley de coparticipación federal de impuestos se incumpla sistemáticamente, con un notable perjuicio económico para las provincias, que vulnera el federalismo fiscal y transforma en una quimera las autonomías de los estados provinciales, sometiendo a sus gobernadores a una penosa sumisión al gobierno central. Es por eso que son numerosas las iniciativas legislativas, tanto a nivel provincial como nacional, para intentar revertir esta situación. En un proyecto de ley del Senador por la Provincia de Santa Fe Rubén Giustiniani se propone concretamente la cancelación de la deuda acumulada por este concepto. Se señala en los fundamentos de esa iniciativa que “se puede observar que en cinco años esta resignación de fondos de las provincias, por el incumplimiento de la garantía del 34% establecida en el artículo 7 de la Ley de Coparticipación, asciende en valores nominales sin actualización a la suma de $ 60.566 millones.” De modo tal que, teniendo en cuenta que la alícuota de coparticipación que le corresponde a Entre Ríos es el 5,07%, tendríamos que sólo por este ítem y sólo por ese período de 5 años, la Nación adeudaría a nuestra provincia una suma superior a los 3.070 millones de pesos, sin contar los intereses. El 28 de mayo de 2008, hace 4 años, presentamos un proyecto de ley en el que proponíamos “instruir al Poder Ejecutivo Provincial a promover y tramitar una demanda de la Provincia de Entre Ríos en contra del Estado Nacional, cuyo objeto será que se condene a la Nación abonar a la Provincia las sumas que correspondan por concepto de coparticipación tributaria federal, que resulten suficientes para compensar las pérdidas sufridas por la Provincia por el ejercicio inconstitucional, arbitrario y abusivo que llevó a cabo la Nación de sus facultades en materia fiscal”; y que “el Poder Ejecutivo Provincial, asimismo, deberá solicitar en la demanda a que se refiere el artículo anterior, que las compensaciones que se reclamen deberán tener como piso la garantía establecida en el Art. 7 de la ley 23.548, cuya aplicación también se encomienda demandar. Y todo ello con más los intereses que correspondan.”. Además del incumplimiento del piso del 34%, nos referimos concretamente en ese proyecto a otros ítems como el fondo de los ATN, normas operativas internas de la AFIP, el 15% de la masa coparticipable bruta que va a la ANSES, la inconstitucionalidad del impuesto al cheque, y las retenciones a las exportaciones, todas cuestiones que redundan en la crisis del federalismo fiscal que denunciamos. Obviamente, jamás fue tratado. Pero buena parte de los argumentos que allí exhibimos siguen teniendo plena vigencia. Es imperioso que se reconozca que sin revisar la relación fiscal entre la Nación y las provincias no habrá posibilidad alguna de emprender un camino sostenible de crecimiento y desarrollo para todos los entrerrianos.
José Antonio Artusi fue diputado provincial en Entre Ríos (2007-2011) y actualmente es Presidente del Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos.-
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