SEGURIDAD PARA TODOS

HACIA UN VERDADERO PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO
Por José Antonio Artusi
La problemática de la inseguridad, la violencia y el delito ha adquirido proporciones alarmantes en los últimos tiempos en nuestra provincia, sobre todo en localidades como Concepción del Uruguay, donde reiterados episodios de violencia que terminaron con la muerte de sendos vecinos generaron una justificada y auspiciosa reacción de la ciudadanía, que se movilizó espontáneamente en pos de reclamar que se cumpla efectivamente el Artículo 32 de la Constitución Provincial, que establece que “El Estado asume como deber irrenunciable la seguridad ciudadana mediante políticas de prevención del delito y de asistencia a la víctima”.
El problema no es nuevo, ni exclusivamente nuestro, pero ahora lo visualizamos de manera más directa y por lo tanto nos interpela dramáticamente. Según un estudio de la Universidad Nacional de Cuyo, “con el incremento notable de la conflictividad social desde mediados de los ‘90 la seguridad ciudadana entró a la agenda social y política. En el periodo 1990-2001, correspondiente al periodo neoliberal, los delitos en la Argentina se incrementaron el 83% con mayor impacto en los polos urbanos: en la Ciudad de Buenos Aires el crecimiento fue del 224%, en la provincia de Buenos Aires el 115% y en Santa Fe el 37%, según información de la Dirección Nacional de Política Criminal.” (Appiolaza, 2010) Las respuestas del Estado provincial y municipal frente a este reclamo han sido espasmódicas e insuficientes. Puede comprenderse en la emergencia la necesidad de movilizar efectivos de una repartición creada para otros fines (brigada antiabigeato) para aumentar la presencia policial en las calles de Concepción del Uruguay, pero está claro que esta medida no tendrá los efectos buscados si no se articula en el marco de una estrategia más amplia e integral de prevención del delito. Para ello hace falta, en primer lugar, una firma voluntad política de poner en marcha un proceso permanente para elaborar e implementar un plan estratégico de seguridad ciudadana. Proponemos aquí algunas ideas a modo de aporte al debate sobre esta cuestión. Esbozamos algunos principios sobre los que debería estar basado un plan de estas características: - Rescate de experiencias y propuestas previas: no siempre es necesario empezar de 0. En el año 2000 se puso en marcha, como una iniciativa de los Ministerios nacionales de Justicia y del Interior, el Plan Nacional de Prevención del Delito. “Su existencia marca un precedente institucional fuerte. Paradójicamente, las dificultades institucionales (desarticulación entre ámbitos del gobierno central y en gobiernos locales) debilitaron sus posibilidades de desarrollo”, y fue eliminado por el Gobierno nacional tras 8 años de implementación a través de un programa dirigido especialmente a jóvenes de comunidades vulnerables. Deberían evaluarse sus resultados, eventualmente reformularse y ampliarse el programa, y aplicarse con una adecuada asignación presupuestaria en nuestra provincia y específicamente en nuestra ciudad. Por otro lado, diputados provinciales de la Unión Cívica Radical han presentado diversas iniciativas sobre este tema que deben servir como frentes de ataque para algunos problemas concretos (plan de prevención con coordinación de fuerzas de seguridad y participación ciudadana, creación de la Comisaría Cuarta de Concepción del Uruguay, etc.). - Enfasis en la prevención: es necesario concebir acciones dirigidas a una especie de “Atención Primaria de la Seguridad”, con el objeto de operar sobre las causas que desencadenan conductas delictivas y violentas, y no sólo de manera reactiva sobre sus consecuencias. La prevención del delito es “la totalidad del conjunto de políticas, medidas y técnicas, fuera de los límites del sistema de justicia penal, que tienen por objeto la reducción de los distintos tipos de daño causado por actos definidos como delitos por el Estado” (Van Dijk, 1990:205). - Participación Ciudadana: la participación de la comunidad legitima y fortalece los procesos de implementación de las políticas públicas, y suma recursos y capacidades que aumentan la capacidad de gobierno de las acciones del Estado. - Acceso a la información pública y transparencia: resulta clave para facilitar y promover la participación ciudadana en todas las etapas, incluyendo la evaluación de las políticas públicas. - Enfoque de derechos: la seguridad es un derecho humano. Las políticas deberán siempre garantizar los derechos y libertades públicas de todas las personas, sin ningún tipo de discriminación. “El enfoque de derechos entiende la necesidad de dar una atención privilegiada a ciertos grupos poblacionales que por su condición de vulnerabilidad, requiere de un apoyo especial del Estado. La mujer, la niñez y la adolescencia, el adulto mayor, las personas con discapacidad, son, entre otros, estos grupos a los que se debe dar una atención prioritaria”. (Loría Ramírez, 2006) - Espacios urbanos seguros: la adecuada planificación urbanística, la jerarquización y el rescate de los espacios públicos, y los avances en el derecho a la vivienda digna y a la ciudad contribuyen poderosamente al logro de espacios urbanos más seguros. “El Programa Ciudades más seguras, UN-HABITAT, reconoce que la inclusión y el empoderamiento de los habitantes menos favorecidos de las zonas urbana con respecto al diseño, la planificación y la gestión espacial de la ciudad, es un componente importante del principio de la inclusión y la buena gobernanza”. - Implementación local: la participación de los gobiernos locales y de su comunidad, y la gestión localizada en el territorio son factores fundamentales para identifcar adecuadamente los problemas y reaccionar a tiempo para introducir rectificaciones pertinentes. - Elaboración interdisciplinaria e implementación intersectorial. Integralidad: los problemas de seguridad son complejos y dinámicos, por lo tanto su comprensión y su abordaje exceden el marco limitado de las disciplinas académicas y de las políticas sectoriales. El conjunto de las políticas públicas debe asumir su rol al servicio de mejores condiciones de seguridad en nuestra sociedad, articulando esfuerzos entre las distintas áreas y niveles del gobierno. - Continuidad: se debe concebir al plan como un proceso permanente, en el que continuamente se programan y ejecutan acciones, se las monitorea y evalúa y eventualmente se las rectifica. Bibliografía consultada: - "Prevención social de la violencia y el delito en la Argentina". Appiolaza, Martín 24 de noviembre 2010 Fecha de consulta: 15/08/2012. En http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/upload/Appiolaza.pdf - "Vivienda, ciudades, diseño urbano y seguridad". Appiolaza, Martín ; Ávila, Javier 29 de agosto 2011 Fecha de consulta: 15/08/2012. En http://www.politicaspublicas.uncu.edu.ar/articulos/index/vivienda-ciudades-diseno-urbano-y-seguridad - “Diagnóstico de recursos, capacidades y experiencias”. Loría Ramírez, Max Alberto, Octubre de 2006. Fecha de consulta: 15/08/2012. Enhttp://www.revistafuturos.info/download/down_19/Prevencion_Violencia%20y%20la%20Promocion%20de%20la%20Paz%20Social.pdf