El "impuestazo" y la crisis del federalismo fiscal

Durante años hemos venido alertando acerca del impacto de la crisis del federalismo fiscal en las cuentas públicas provinciales. Lamentablemente, el Poder Ejecutivo no escuchó las voces de alerta y creyó que la fiesta podía seguir para siempre, al calor de un crecimiento macroeconómico alimentado por los precios internacionales de nuestra producción primaria, y no precisamente por las virtudes de las políticas públicas. La actual y la anterior administración se han resignado de este modo, sin chistar, a que miles de millones de pesos por año sean apropiados de manera ilegítima y abusiva por el gobierno central. Como hemos dicho siempre, no son recursos de un gobierno, son recursos de todos los entrerrianos; pero nuestro gobernador no sólo no los ha reclamado sino que ha llegado al insólito extremo de hablar de la falacia del "federalismo de los recursos".

El crecimiento económico y el superávit fiscal consiguiente permitieron maquillar la crisis del federalismo, pero no fueron utilizados de manera estratégica para sentar las bases de un plan de desarrollo productivo que cambiara la estructura económica de nuestra provincia, ni para avanzar como hubiera sido posible en materia de desarrollo humano, ni para comenzar a discutir en serio una profunda reforma impositiva, vinculada necesariamente con la adecuación del sistema de copartipación federal de impuestos.
La crisis energética - producto del nefasto proceso de entrega y extranjerización de nuestros recursos y empresas estratégicas hace 20 años - se traduce ahora, como consecuencia de la caída de la producción de hidrocarburos y la demora en la diversificación de la matriz energética, en una necesidad creciente de importar combustibles a precios internacionales, con el consiguiente impacto en las cuentas públicas. Por otro lado, un gasto público creciente, disparado por la inflación y las demandas de un absurdo aparato de propaganda y clientelismo, absorbe los aumentos en la recaudación y no deja márgenes para cuestiones prioritarias como podrían ser cumplir con el 82% móvil para los jubilados nacionales o recomponer el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del Estado. Durante los últimos períodos, mas allá de la reforma constitucional y la sanción del régimen jurídico básico de los empleados públicos, nada se hizo para desarmar un modelo de concebir el estado casi como un botín que sirve para premiar o reclutar militancia y no como un medio para solucionar los problemas de la sociedad entrerriana, profundizando el aumento de gastos improductivos y en consecuencia la necesidad de financiamiento adicional.
Es en este contexto, que los funcionarios del gobierno provincial se ocupan de ignorar prolijamente, que se da el último aumento del impuesto inmobiliario, a través de una ley que la Legislatura trató de manera absolutamente improvisada, a los apurones y sin ningún tipo de debate.
En muchos casos el aumento registrado en el impuesto inmobiliario rural es absolutamente desmedido e irracional, no verificándose ningún tipo de correlación con la variación de la rentabilidad de la producción agropecuaria; llegando a haber aumentos del 500% y aún más. Los productores entrerrianos quieren pagar sus impuestos, y que éstos vuelvan en obras y servicios que en muchos casos hoy brillan por su ausencia. Pero quieren hacerlo en el marco de un esquema justo y equilibrado, de modo tal que no se ponga en riesgo la rentabilidad de las explotaciones ni la continuidad del productor y su familia en el campo. La persistencia de una excesivamente elevada presión impositiva, combinada con otros problemas a los que no se da respuesta, puede llevar en el futuro cercano a la quiebra de pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias y a una perjudicial concentración de la propiedad de la tierra en manos de pocos grandes propietarios, entre ellos empresas foráneas.
Por otro lado, se pretende desde el gobierno introducir un conflicto artificial en la sociedad entrerriana, enfrentando a productores por un lado y trabajadores públicos y jubilados por otro, cuando en realidad ambos son víctimas de una gestión ineficaz, que no defiende los intereses de los entrerrianos como corresponde en una provincia que fue cuna del federalismo.
Los productores entrerrianos no tienen la culpa de la crisis estructural de la Caja de Jubilaciones, de la que recién parecen darse cuenta, ni del pago en cuotas a los empleados públicos, ni de que Entre Ríos sea una de las provincias argentinas que menos paga a sus docentes.
Es imperioso que el Gobierno recapacite, revea las últimas medidas, dialogue de manera responsable y serena, y articule un conjunto coherente de políticas públicas que defiendan en los hechos los intereses de todoslos entrerrianos.-

Mariano Monfort - Secretario
José Antonio Artusi - Presidente
Comité Provincial de la UCR de Entre Ríos