Impuestazo: “Matar al mensajero”, distorsionar la verdad, y cambiar de tema…

Por José Antonio Artusi
El conflicto desatado entre el gobierno y los productores agropecuarios de nuestra provincia con motivo del “impuestazo” verificado en aumentos que llegan en algunos casos a ser verdaderamente desmedidos e irracionales en los montos del impuesto inmobiliario rural han generado un cúmulo de declaraciones de funcionarios del gobierno provincial que desnudan con claridad los recursos dialécticos que utilizan para intentar justificar lo injustificable en el marco de una fenomenal campaña de propaganda que hace uso y abuso de los medios oficiales y oficialistas.

Entonces, si el diputado nacional Atilio Benedetti realiza declaraciones referidas a este asunto, no se tratará de rebatir sus argumentos con un razonamiento lógico, sino de intentar descalificarlo de manera absurda y desleal por el sólo hecho de haber solicitado un crédito a una entidad bancaria de acuerdo a la normativa vigente para poner en marcha un proyecto productivo que crearía empleo genuino y agregaría valor a la producción primaria en nuestra provincia. “Matar al mensajero…”.
Por otro lado, se distorsiona la verdad. No es cierto que en el año 2009 la ley 9.930 haya concitado el consenso de los partidos políticos. Al menos la Unión Cívica Radical, principal partido de la oposición, a través del bloque de diputados provinciales que me tocó integrar, dejó constancia expresa de su oposición a esta iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial, tanto en el recinto de la Cámara como en declaraciones a diversos medios de comunicación. El expediente 17.480, que dio origen luego a la mencionada ley, fue tratado en Diputados el día 6 de Octubre de 2009, en la sesión ordinaria número 15. Fue ingresado fuera de lista, vale decir a último momento. El dictamen de comisión no contó con la firma de ninguno de los integrantes de nuestro bloque. Durante el tratamiento del proyecto intervinieron los diputados Oscar Cardoso y Jaime Benedetti (UCR). Cardoso, entre otros conceptos, señaló: “está en consideración el tan discutido proyecto de aumento del Impuesto Inmobiliario Rural. Al respecto debo expresar que mientras el Gobierno provincial tenga deberes pendientes de realizar ante el Gobierno central respecto al reclamo de los recursos provinciales con los que se queda el Gobierno nacional y que por derecho nos corresponden a todos los entrerrianos, este Bloque radical no va a aprobar ningún impuesto, ni éste ni ningún otro, y más teniendo presente que en esta época el sector agropecuario debe afrontar una etapa de la mayor presión fiscal que se haya conocido respecto a la producción agropecuaria y donde el Gobierno provincial ha reconocido mediante decreto la situación de emergencia y de desastre agropecuario hasta fines del año 2009; un momento en el que las políticas impulsadas por el Gobierno nacional han hecho perder rentabilidad a la producción agropecuaria, fundamentalmente la carne, la leche y las economías regionales. En este contexto, la decisión del Gobierno provincial de intentar actualizar los valores inmobiliarios que estaban, desde nuestro punto de vista, es, por lo menos, injusto e irracional”. Poniendo énfasis en la cuestión de la crisis del federalismo fiscal, verdadera causa de la desfinanciación de las cuentas públicas provinciales, agregaba el diputado Cardoso: “Pero además, señor Presidente, en todos estos tiempos desde que comenzó el conflicto del campo hemos advertido del Gobernador de la Provincia acompañar públicamente, en todos los lugares donde ha podido, la política anticampo que ha venido llevando adelante el Gobierno nacional; entonces no es lógico que, sin antes hacer los deberes que le corresponde, estemos proponiendo aumentos de impuesto a la producción. Si el Gobernador se pusiese al frente de los reclamos por los recursos que, como nunca antes, se han “chupado” a la producción y a la actividad económica en general de Entre Ríos y por lo menos hiciera oír su voz, como la han hecho oír muchos sectores, hasta incluso esta propia Legislatura, para reclamar los recursos acumulados de los ATN que no se han distribuido, la Provincia podría contar quizá con más de 300 millones de pesos para hacer frente a la actual situación fiscal; o si se pusiera al frente para reclamar los recursos que se recaudan por el impuesto al cheque, que no se coparticipan a la Provincia, Entre Ríos podría contar con 300 millones de pesos más; o si se pusiese al frente con otros Gobernadores para solicitar que se cumpla con el Artículo 7º de la Ley Nro. 23.548, de Coparticipación Nacional de Impuestos, según la cual se tendrían que distribuir recursos a las Provincias por aproximadamente 1.500 millones de pesos sobre la base del 34 por ciento que hay que distribuir por todos los impuestos que recauda el Gobierno nacional, y de esa manera ya no estaríamos hablando de este aumento de impuestos; o si reclamáramos los fondos que se destinaban a la ANSES, que desde hace años se queda el Gobierno nacional, a pesar de que hoy no tiene sentido que se deriven esos recursos porque la ANSES no sólo tiene superávit, sino que además se ha vuelto prestamista para algunas actividades. Si todo esto se hiciera, seguramente tendríamos un panorama mejor para las finanzas provinciales.” El diputado Jaime Benedetti, por su parte, expresó: ”creo que en lugar de acusarnos entre nosotros tendríamos que haber mirado y nos tendríamos que animar a mirar hacia el poder nacional porque, como ya se ha dicho acá y no lo voy a repetir, esto no mueve la aguja, esto es un poquito, el Impuesto Inmobiliario es apenas un 6 por ciento de los recursos del Estado provincial”. Antes de la votación, el diputado Cardoso solicitó que se deje constancia de ”que no está la planilla con los valores de las zonas”, y a moción del diputado Bolzán se aprobó “incorporar como Anexo II al proyecto de ley en consideración la planilla que ha acercado a la Secretaría”. La votación en general y en particular resultó afirmativa. Nuestro bloque, en soledad, no acompañó el proyecto.
En otros casos, se cambia de tema. Se pretende desviar la atención y de paso, intentar exhibir ante la opinión pública a los productores agropecuarios como “los malos de la película”. Pero los productores agropecuarios no tienen la culpa de la crisis estructural de la Caja de Jubilaciones, ni del pago en cuotas del magro salario de los trabajadores del Estado, ni de que Entre Ríos sea una de las provincias que menos le paga a sus docentes, ni de la “sensación” de inseguridad, ni de la inflación, ni de las falencias del sistema de salud pública, ni de la crisis energética, ni del déficit de viviendas; todo esto tras la década de mayor crecimiento del PBI de la historia argentina. El gobierno debe hacerse cargo de sus errores y sus déficits, y defender efectivamente los derechos de todos los entrerrianos. No es creando conflictos artificiales como solucionaremos los problemas. Estamos dispuestos a debatir, como hemos estado siempre, una profunda reforma impositiva en la provincia, sobre la base de los principios de equidad y progresividad, alentando la producción y el trabajo; pero sólo podrá hacerse de manera exitosa si a la vez se encara con determinación y autonomía la defensa del federalismo fiscal, que deberá enmarcarse a su vez en una reforma impositiva nacional, que grave menos el consumo de los sectores populares y más la renta financiera y las ganancias extraordinarias de las grandes empresas, sobre todo las que se beneficiaron del remate del patrimonio nacional que el partido de gobierno consintió y avaló en la década de los noventa.-