SOBERANÍA ENERGÉTICA: CON RECUPERAR A MEDIAS YPF NO ALCANZA

Por José Antonio Artusi
Bienvenido sea que se vuelva a debatir sobre YPF, el petróleo, y la política energética en nuestro país. Lo veníamos reclamando desde hace mucho tiempo.

A 20 años del inicio del proceso de entrega, extranjerización y vaciamiento de la empresa YPF Sociedad del Estado, el gobierno nacional parece darse cuenta repentinamente del error cometido y toma una decisión espasmódica y aislada, que consiste en expropiar el 51% del paquete accionario, en poder de la empresa española Repsol. Sin embargo, nada se dice acerca de las responsabilidades que tienen quienes hoy gobiernan en este lamentable estado de cosas, que determina que tengamos que soportar las intolerables y obscenas amenazas y diatribas de los funcionarios del gobierno del Reino de España. Es imprescindible entonces conocer que tales amenazas, así como las inevitables consecuencias negativas que el conflicto con España y otros países producirá, serían impensables si en 1992 el Presidente Carlos Menem no hubiera puesto en marcha una vergonzoza campaña de desgüace del Estado y de entrega de nuestros recursos naturales y empresas estratégicas, sobre todo en el sector energético, como YPF, Gas del Estado, las eléctricas, etc.. Pero Menem no estuvo sólo en esa verdadera traición a la Patria. Legisladores nacionales peronistas y de la UCEDE del Capitán Ing. Alvaro Alsogaray, partido en el que seguramente militaba en ese momento el Sr. Vicepresidente, acompañaron entusiastas las iniciativas legislativas que la permitieron, llegando al extremo grotesco de entonar las estrofas de su marcha partidaria, (“combatiendo al capital”) al momento de aprobar la ley que transformó a YPF en una sociedad anónima e inició su privatización. Menem también contó con el apoyo entusiasta de gobernadores, entre quienes se destacó por su fervor privatista el entonces Gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner. No dio muestras durante su gestión como Presidente de haberse arrepentido de tal actitud. Y también contó con la adhesión de numerosos legisladores provinciales, tal como lo testimonia, por dar un ejemplo, el proyecto que se aprobó en la legislatura santacruceña avalando la ley de privatización de YPF, firmado por Cristina Fernández de Kirchner. No se trata de pasar facturas a 20 años de aquellos tristes sucesos. Se trata simplemente de ejercer la memoria histórica, de reivindicar la coherencia, y de pedir, al menos, un mínimo de autocrítica y de reconocimiento de los errores si es que realmente se quiere desandar el camino transitado y comenzar una nueva etapa. De otra manera, tenemos derecho a sospechar profundamente de las verdaderas intenciones del gobierno nacional en esta materia. Quienes fueron cómplices y partícipes necesarios de la entrega y el vaciamiento carecen de credibilidad para intentar exhibirse hoy frente a la sociedad como los salvadores de la Patria y los protagonistas de una epopeya de liberación nacional.
Bajo el pomposo título “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” el Poder Ejecutivo Nacional ha enviado al Congreso un proyecto de ley que consiste básicamente en la expropiación del 51% de las acciones de la empresa en poder de Repsol. El proyecto, más allá de que se pueda coincidir en general en cuanto al fin que se invoca, la recuperación del control de YPF en manos del Estado nacional que siempre hemos defendido, adolece de numerosos déficits y no se encuadra dentro de un marco más amplio de políticas públicas que permitan efectivamente avizorar que nos encaminamos hacia la recuperación de la soberanía energética. Analizaremos por ello en primer lugar las falencias del proyecto del PEN, y daremos nuestro punto de vista acerca de cómo se podrían revertir; y en segundo lugar nos referiremos a las demás acciones con las que hay que complementar ésta, de modo de poner en marcha un verdadero plan estratégico de recuperación de la soberanía energética.
El Proyecto del Poder Ejecutivo Nacional- Principios de política hidrocarburífera: se incluye en el artículo 3º una anodina serie de enunciados, pero nada se dice de cuestiones centrales que deberían figurar, tales como:
- La promoción del empleo de los hidrocarburos y sus derivados como parte de una política energética que los considere factores estratégicos de promoción del desarrollo humano, económico, y social, que sea políticamente independiente, geográficamente equilibrado, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible.
- La concepción desde una perspectiva de derechos de la posibilidad de todos los habitantes de la República Argentina de acceder al consumo de bienes energéticos básicos como un bien social, en el presente y en el futuro, en igualdad de oportunidades, sin distinciones fundadas en su nivel socioeconómico o lugar de residencia, y en condiciones que garanticen la continuidad, calidad y economicidad del servicio, la racionalidad en el uso y la sostenibilidad ambiental.
- La recuperación y apropiación de la renta hidrocarburífera por parte del Estado nacional, las provincias y los consumidores, y su inversión prioritaria en obras de infraestructura y en la promoción de fuentes de energía renovables alternativas a los hidrocarburos.
- El abastecimiento prioritario de hidrocarburos y sus derivados para el consumo interno, y la prohibición de la exportación mientras este no esté plenamente garantizado
- Expropiación: se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación el 51% de las acciones de YPF, en poder de Repsol. No se hace lo mismo con el remanente de esta empresa (alrededor del 6%) ni con el paquete accionario del grupo Petersen. Esta discriminación y limitación no tiene ningún sentido. Debe expropiarse la totalidad de las acciones de ambas empresas.
- Distribución accionaria entre el Estado nacional y las provincias: el artículo 8º del proyecto del PEN establece que las acciones se distribuirán otorgando un 51% al Estado nacional y el 49% restante a las provincias productoras de hidrocarburos. Esta injusta discriminación, que otorgaría solamente a 8 provincias prácticamente un cuarto de YPF adquirido con recursos de todos los argentinos, no resiste el menor análisis y deber ser revisada, incluyendo la participación igualitaria de todas las provincias y la participación de los trabajadores.
- La intervención y gestión: no puede ponerse al frente de la empresa a quienes, por acción u omisión, resultan co-responsables directos de todos los males que recién ahora se reconocen: vaciamiento, desinversión, falta de exploración, remisión escandalosa de utilidades, etc.. En este sentido los fundamentos del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Nacional son una verdadera “confesión de parte”, frente a la que – como dirían los abogados – corresponde el “relevo de prueba”. Se sostiene en esos fundamentos que “en 1992, la principal empresa petrolera del país, la estatal YPF, fue convertida en una sociedad anónima, y posteriormente en 1997 en el marco de la profundización del modelo neoliberal en Argentina,se inició su desnacionalización. En 1999 prácticamente la totalidad del paquete accionario de YPF fue adquirido por la empresa española REPSOL, bajo cuya dirección se inició un progresivo proceso de desmantelamiento y vaciamiento de la principal empresa petrolera de nuestro país.” Con increíble cinismo y desparpajo se oculta la responsabilidad de quienes hoy gobiernan en todo ese proceso. En los fundamentos se reiteran conceptos tales como “estrategia de carácter predatorio ejercida por parte de Repsol”, “política de virtual vaciamiento”, “lógica cortoplacista encaminada a la expansión mundial y lindera con la actividad especulativa”. Las preguntas que surgen, obvias, son: alguien podía suponer que una empresa extranjera podía tener otros intereses que no sean los de maximizar sus propios beneficios? En virtud de qué mágico conjuro podía esperarse que Repsol defienda los intereses nacionales? El Grupo Petersen no es acaso también responsable de todas estas maniobras perjudiciales para el país? Quiénes fueron los funcionarios que permitieron y consintieron, desde 2003 a la fecha, lo que el propio Poder Ejecutivo califica como un escandaloso vaciamiento de la empresa? La respuesta a este último interrogante llena de temor y dudas a cualquiera: los mismos a los que ahora se premia con la conducción de la empresa, encabezados por el Ministro Julio De Vido.
- Los controles y auditorías: los mismos funcionarios responsables de la crisis energética, de la crisis de transporte, de la falta de controles efectivos en todos los ámbitos, sospechados y acusados de corrupción por numerosos casos, pretenden incluir en la ley un increíble artículo, que elimina la posibilidad de controles por parte de los organismos competentes, como expresamente establece el Artículo 8 de la Ley 24.156, incluyendo taxativamente a las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria. En definitiva, los responsables de la falta de controles y acciones que derivaron en la tragedia de Once, reiteradamente advertidos por la Auditoría General de la Nación, proponen que por ley este organismo no pueda controlar lo que hacen al frente de una empresa gigantesca como YPF. Este artículo, el 15º en el mensaje del PEN, es absolutamente inaceptable. Además debe incluirse la creación de una comisión bicameral abocada a investigar las irregularidades en la privatización, en el ingreso de Repsol y el vaciamiento de la empresa.
Las medidas complementarias necesarias El proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional opera, por el momento, aislado. Convive con la nefasta “ley corta”, con la impunidad de las demás empresas privadas a las que se ha otorgado concesiones de explotación, con la falta de controles, con la insuficiencia de la inversión, con la remisión de utilidades al exterior, etc.. Por ello es necesario complementar la recuperación de YPF con otras medidas estructurales, sin las cuales pierde la efectividad que podría tener. Me permito señalar algunas de ellas, elaboradas a partir, entre otras fuentes, de documentos y propuestas de la Fundación Illia y de la Unión Cívica Radical:
- Una nueva ley nacional de hidrocarburos, que reemplace a la ley vigente, de la época de Onganía, y la nefasta “ley corta”, procurando volver a la línea de la tradición histórica del radicalismo, que considera al petróleo un bien estratégico, clave para el desarrollo autónomo, que debe ser administrado por el Estado nacional y jamás por las provincias. Las provincias productoras deben recibir una mayor porción de la renta petrolera, a través de un aumento de las regalías, que deben ser destinadas prioritariamente a obras de infraestructura y promoción de energías renovables alternativas a los hidrocarburos. Es necesario eliminar en la nueva legislación la figura de la concesión de la explotación de yacimientos, reservando al capital privado únicamente la posibilidad de participar en contratos de explotación.
- Aplicación estricta y rigurosa de la legislación vigente para revertir hacia el Estado nacional las concesiones y permisos otorgados a empresas privadas de manera irregular o por aplicación de la ley corta.
- Declaración de “servicio público” de todas las actividades económicas vinculadas a los combustibles derivados del petróleo y el gas. Creación de un Mercado Unico de Combustibles y fijación de un precio uniforme en todo el país, sobre la base de los costos internos.
- Auditorías integrales e independientes: que controlen los registros contables de las empresas petroleras, verifiquen la liquidación correcta de las regalías y el cumplimiento de todas las normas técnicas y ambientales; así como la importación de combustibles y las concesiones de explotación y permisos de exploración. Los resultados de todas estas auditorías deben ser públicos. Las auditorías deberán también determinar los niveles de las reservas de petróleo y gas.
- Modificación del esquema tributario del sector, procurando la captura a través de este mecanismo de parte de la renta hidrocarburífera para su inversión en infraestructura energética y de transporte.
- Recuperación de otras empresas del sector como Gas del Estado y su articulación con YPF en un holding empresario nacional, con participación y control de trabajadores y consumidores.
- Jerarquización de la Secretaría de Energía y los entes reguladores. Profesionalización del sector público para llevar adelante un plan estratégico de hidrocarburos, con participación de universidades nacionales y del INTI, procurando la aplicación de la investigación y el conocimiento al servicio del desarrollo de las industrias y servicios vinculados a los hidrocarburos y sus derivados.
- Diversificación de la matriz energética, procurando el desarrollo de fuentes alternativas renovables y la modificación de la estructura de transporte. Búsqueda de la eficiencia energética en los procesos de desarrollo sostenible.
El radicalismo puede exhibir orgulloso su historia en esta materia. Somos los herederos de Hipólito Yrigoyen, Marcelo de Alvear, Ricardo Rojas, Enrique Mosconi, Arturo Ilia y Ricardo Alfonsín. Somos YPF y el petróleo nacional. Somos el Instituto del Petróleo de la UBA y la destilería de La Plata. Somos el autoabastecimiento. Con errores y con aciertos, con luces y con sombras, hemos defendido siempre estas banderas. Renovemos el compromiso histórico de recuperar YPF en serio y ponerla al servicio de un verdadero proyecto nacional de desarrollo, para que vuelva a ser lo que fue, la empresa de la que todos los argentinos podíamos sentirnos orgullosos, modelo de las demás empresas petroleras estatales en Latinoamérica. Yrigoyen la creó. Alvear y Mosconi la hicieron grande. Illia y Alfonsín la defendieron. Ahora es el momento de recuperarla.-