UN SISTEMA ENFERMO

Declaración del Presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, José Antonio Artusi.-

A pesar del ampuloso y autopropagandista discurso oficial, trás casi una década de vigoroso crecimiento macroeconómico y aumento de la recaudación, la realidad en materia de salud pública en la Provincia de Entre ríos muestra una panorama francamente desalentador, que no se compadece con la mayor disponibilidad de recursos con las que ha contado la actual y las anteriores gestiones de gobierno, del mismo signo político desde 2003.

La suspensión de las prestaciones al IOSPER en clínicas y sanatorios por atrasos en los pagos y las dificultades y problemas de todo orden que deben sufrir quienes acuden a centros de salud y hospitales públicos son la manifestación más visible de la crisis en la coyuntura. Está claro que se sigue aplicando la vieja receta neoliberal de destinar los aportes de los trabajadores a otros menesteres sin importarles que miles de entrerrianos queden sin cobertura de su obra social, ni que profesionales que ejercen en su tierra puedan tener un marco de prevision.
Pero además, aunque menos visibles, problemas estructurales como la insuficiencia evidente de políticas de promoción, prevención y atención primaria de la salud, la demora en implementar el seguro provincial de salud, el retroceso en la regionalización hospitalaria, el incumplimiento de la clásula constitucional que ordena que los directores de hospital se designen por concurso, la falta de articulación del sector salud con otras areas de las políticas públicas como educación y vivienda, la insuficiencia de acciones en materia de educación sexual y salud sexual y reproductiva, la falta de avances en materia ambiental, entre tantas otras cuestiones, demuestran a las claras que se ha venido improvisando y colocando parches, sin un plan estratégico que de respuestas a la necesidad de revisar profundamente el sistema de salud, que - como en todo el país - se caracteriza por su fragmentación y desarticulación, en el que la masa de recursos que se invierten no se compadece con los resultados alcanzados.
Tras haber perdido lastimosamente 9 años al interrumpir la iniciativa de la última gestión radical que procuraba que el Estado provincial incursionara en la producción pública de medicamentos a través de una
empresa propia, con un laboratorio en marcha en la ciudad de Federal, ahora se reconoce que es necesario evaluar la posibilidad de avanzar en esta materia. No hay excusas más que la revancha politica y la intolerancia que hayan justificado en su momento la clausura del proyecto de laboratorio de Federal. cerrando una iniciativa que ya contaba con partes ejecutadas y previsiones presupuestarias, y que de haberse concretado hubiera signficado ahorros concretos y la posibilidad cierta de poner a disposición de todos los entrerrianos el acceso a medicamentos como un bien social.
Si no se pudo avanzar en la reforma del sistema de salud en épocas de vacas gordas, es al menos imperioso evitar que el inminente ajuste golpee sobre todo a quienes menos tienen, y en ese sentido la política sanitaria es fundamental para brindar igualdad de oportunidades a todos los entrerrianos para disfrutar efectivamente del derecho a la salud reconocido en la Constitución Provincial reformada en 2008.
En este sentido es menester señalar también la incomprensible demora en reglamentar nuevos derechos e institutos incorporados al texto constitucional. Basta leer el Artículo 19 para tomar conciencia de la enorme distancia que media entre el mandato constitucional y la dolorosa realidad:
"La Provincia reconoce la salud como derecho fundamental, desarrollando políticas de atención primaria. La asistencia sanitaria será gratuita, integral, adecuada y oportuna. Será prioritaria la inversión en salud, garantizando el primer nivel de atención, así como la formación y capacitación. Se implementará un seguro provincial de salud para toda la población y una progresiva descentralización hospitalaria. El medicamento es un bien social básico. El Estado regula y fiscaliza el circuito de producción, comercialización y consumo de éstos y de los productos alimenticios, tecnología médica y acredita los servicios en salud. La ley propenderá a jerarquizar el nivel de atención hospitalaria de tiempo completo".-